Hablar de justicia feminista es una invitación a que lo personal sea político, a no tener una actitud pasiva frente a las dimensiones individuales y colectivas de la violencia basada en género, a ser parte activa del proceso de justiciabilidad para que eso se pueda traducir en un proceso de reparación. Es brindar una respuesta compleja, en que la cuestión no se reduzca a encontrar a la persona que ha causado el daño, sino a identificar el contexto que ha permitido que se dé y cómo se interviene para prevenir otros actos.

Significa no solamente pensar en la sanción sino en el tipo de cambios necesarios para que no se repita. La prevención como horizonte y el Derecho como herramienta de transformación.

La justicia feminista tiene como centro a las mujeres víctimas de vulneraciones de derechos, lo que significa partir de sus requerimientos y las formas posibles y deseables de reparación integral.

En la justicia feminista el sistema judicial es comprendido como un conjunto de procesos, que implican una dimensión colectiva de la justicia, que trasciende la atribución individual de responsabilidades, sin dejar de lado la existencia de un delito y una persona que debe ser sancionada. Así mismo, la víctima lo es, no solo por el hecho individual, sino por la existencia de un proceso histórico, social, cultural, político y económico que la ubica en esa categoría.