El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM-G) , formó parte de la Coalición formada en el marco de las recomendaciones existentes en materia de violencia de género y salud sexual y salud reproductiva conjunto a Surkuna, Bolena, Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador, Asociación Latinoamericana para el Desarollo Alternativo (ALDEA), Taller de Comunicación Mujer.

El CEPAM-G colaboró con información referente a los casos de violencia de género y la falta de debida diligencia para poder otorgar justicia a la víctimas. De acuerdo a datos levantados por la Fiscalía General del Estado , entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de noviembre de 2021 existieron: 1.373 noticias del delito sobre violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, de las cuales 44 tuvieron sentencia condenatoria y 805 aún siguen en investigación previa; 46.091 noticias del delito sobre  abuso sexual, de las cuales 2.553 tuvieron sentencia condenatoria y 22.436 se encuentran en investigación previa;  y 1.050 noticias del delito  de contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos, de las cuales 39 tienen sentencia condenatoria y 543 se encuentra en investigación previa. 

En ese mismo sentido, se ha reportado 40.477 noticias de delito en casos de violacion sexual e incestuosa de las cuales: 6.569 han sido archivados y 4.296 están con solicitud de archivo; 20.695 se encuentran en investigación previa  y existen aproximadamente 3.878 con sentencia de las cuales 2.989 tuvieron decisión ejecutoriada de culpabilidad y 889 declarando inocencia.

Además, a través de un levantamiento de información realizada al departamento de atención integral conformada por psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales, evidenciamos patrones socioculturales machistas propias del sistema patriarcal que obstaculizan el acceso a justicia y revictimizan a las víctimas de violencia.

En ese sentido, «La Comisión ha constatado que ciertos patrones socioculturales discriminatorios influyen en las actuaciones de los funcionarios en todos los niveles de la rama judicial, lo que se traduce en un número aún ínfimo de juicios orales y sentencias condenatorias que no corresponden al número elevado de denuncias y a la prevalencia del problema. La CIDH ha podido verificar que la violencia y la discriminación contra las mujeres todavía son hechos aceptados en las sociedades americanas, lo cual se ve reflejado en la respuesta de los funcionarios de la administración de la justicia hacia las mujeres víctimas de violencia y en el tratamiento de los casos.» Por lo que recomendamos la formación en Derechos Humanos con perspectiva de género a las y los funcionarios que participen en la atención directa o indirecta con víctimas.