El componente político dentro del litigio estratégico es un proyecto de incidencia  cuyo objetivo es la actuación del Estado, mediante la promulgación de políticas públicas que apoyen el proceso de transformación institucional. Este mecanismo sirve de apoyo al componente judicial, en virtud, de evidenciarse la necesidad de un cambio de fondo en las instituciones públicas, que posiblemente no se gestione únicamente desde lo jurídico.